Por Dra. María Rosa González, abogada UBA T°LII F°95 CASI, Gestora Ambiental RUPAYAR 003073

La gestión eficiente de los recursos constituye uno de los principales desafíos que enfrentan las economías modernas. Sin embargo, gran parte del sistema productivo continúa respondiendo a un modelo lineal basado en la extracción de materias primas, la fabricación, el consumo y la disposición final de los bienes, desaprovechando materiales que podrían reincorporarse a nuevos ciclos productivos mediante estrategias de recuperación, reutilización y reciclaje.

Esta necesidad de transformación encuentra sustento en evidencia objetiva. Según Global Footprint Network, el 1 de agosto de 2024 la humanidad agotó los recursos naturales que el planeta puede regenerar en un año, lo que significa que actualmente consumimos recursos equivalentes a 1,71 planetas.

Argentina dispone de un importante capital natural en materia energética, minera, agrícola e industrial. No obstante, el acceso a dichos recursos implica costos económicos, ambientales y sociales crecientes. En este contexto, la economía circular se consolida como una estrategia orientada a optimizar el aprovechamiento de los materiales, prolongar su vida útil y disminuir la demanda de materias primas vírgenes.

Empresas, operadores de residuos, emprendedores y profesionales especializados impulsan diariamente iniciativas vinculadas con la reutilización, el reciclaje, el ecodiseño y la gestión sostenible de los recursos. Sin embargo, una proporción significativa de materiales con alto valor económico continúa siendo descartada prematuramente. Entre ellos se destacan los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), cuyos componentes contienen metales estratégicos y materiales plenamente recuperables.

Esta situación adquiere especial relevancia dentro de la Administración Pública. Los procedimientos administrativos aplicables a la baja patrimonial de bienes muebles suelen extenderse durante largos períodos, generando la acumulación de computadoras, impresoras, mobiliario, equipamiento tecnológico y otros activos que permanecen inmovilizados hasta perder total o parcialmente su valor de uso.

Desde el sector de la gestión ambiental observamos con frecuencia que una parte importante de estos bienes conserva condiciones técnicas que permiten su reutilización, reacondicionamiento o refuncionalización. Aquellos equipos que ya no resultan aptos para su uso pueden, a su vez, ingresar a procesos de valorización mediante el recupero de materiales, reincorporándolos a nuevas cadenas productivas.

Este concepto, conocido como minería urbana, constituye una herramienta estratégica para recuperar metales y otros recursos presentes en equipos electrónicos, maquinarias, residuos industriales y bienes patrimoniales fuera de uso, reduciendo simultáneamente la extracción de recursos naturales y la generación de residuos destinados a disposición final.

La implementación efectiva de estos procesos requiere una participación activa del Estado. Modernizar los procedimientos de gestión patrimonial no implica necesariamente mayores erogaciones presupuestarias, sino la incorporación de mecanismos administrativos más ágiles, transparentes y orientados a la eficiencia.

Actualmente, la prolongación de los procesos de baja ocasiona que numerosos bienes permanezcan almacenados durante años hasta que su deterioro hace inviable cualquier posibilidad de reutilización. Esta situación genera costos de almacenamiento, incrementa los riesgos asociados a la seguridad e higiene de los establecimientos y representa una pérdida patrimonial para el propio Estado.

La contradicción resulta evidente: mientras numerosos organismos públicos mantienen depósitos colmados de bienes sin utilización, otras dependencias estatales, establecimientos educativos, instituciones de formación, organizaciones sociales y entidades sin fines de lucro carecen de equipamiento básico para el desarrollo de sus actividades.

En este escenario, la implementación de sistemas de gestión patrimonial que permitan identificar, reasignar, donar, reutilizar o valorizar oportunamente los bienes fuera de uso representa una política pública de alto impacto económico, ambiental y social. La incorporación de plataformas de trazabilidad, procedimientos simplificados y criterios uniformes de gestión favorecería una administración más eficiente de los activos públicos y fortalecería los principios de sostenibilidad que hoy demandan las políticas públicas modernas.

La gestión sustentable del patrimonio estatal trasciende el cumplimiento de un procedimiento administrativo. Constituye una herramienta estratégica para optimizar el uso de los recursos públicos, fortalecer la economía circular, reducir el impacto ambiental y generar valor social.

Administrar eficientemente los bienes públicos no significa únicamente disponer de ellos cuando finaliza su vida útil. Significa reconocer que cada activo representa un recurso con potencial económico, ambiental y social, cuya correcta gestión contribuye a una administración más eficiente, transparente y comprometida con el desarrollo sostenible.