Por Cristian Frers – Técnico Superior en Gestión Ambiental y Técnico Superior en Comunicación Social (Periodista).
Las objeciones planteadas durante las sesiones de las Auditorias Publicas, incluidas las
de figuras políticas y científicas, no alteraron la estrategia parlamentaria para lograr
dictamen favorable y la búsqueda de respaldo entre gobernadores provinciales sobre la
modificación del régimen de presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del
ambiente periglacial (Expediente 0072-S-2025).
Las jornadas de las audiencias públicas mantuvo la misma dinámica, con la mayoría de
la gente reiterando su rechazo a la norma que ya cuenta con media sanción del Senado.
Además, señalaron que la exclusión del 99,5% de los inscriptos evidencia la nulidad de
las audiencias, por lo que se reservaban la posibilidad de recurrir a la vía judicial. Los
asistentes, que previamente habían manifestado no conocer los criterios de selección,
cuestión que tampoco fue explicada por las autoridades de las comisiones de Asuntos
Constitucionales y Recursos Naturales, Juan Peluc y Nicolás Mayoraz, insistieron en
sus críticas.
Tras una jornada presencial marcada por la tensión y cruces entre participantes y
diputadas de La Libertad Avanza, que se burlaban de sus argumentos, el encuentro
virtual exhibió un clima totalmente diferente. La modalidad a distancia, impuesta por el
oficialismo, le restó relevancia y provocó la ausencia de muchos legisladores. El bloque
gobernante, convencido de que cuenta con los votos necesarios gracias al respaldo del
PRO y la Union Cívica Radical (UCR).
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió sobre los riesgos de modificar
la Ley de Glaciares en Argentina y señalo que podría afectar el acceso al agua y el
equilibrio ambiental en un contexto de crisis climática en un escenario global marcado
por el retroceso de estas reservas naturales.
Estas audiencias se lograron a partir del reclamo de las organizaciones Fundación
Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Círculo de Políticas
Ambientales, Greenpeace Argentina, la Asociación Argentina de Abogados
Ambientalistas, la Fundación Biodiversidad y Aves Argentinas que exigieron a la
Cámara de Diputados una instancia participativa, de información, pública y federal para
que el proceso legislativo no fuera un mero trámite.
La ley, aprobada en 2010 establece que, a través del Instituto Argentino de Nivología,
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), se debe llevar un inventario de los
glaciares en territorio argentino. Actualmente, están contabilizados 16 mil glaciares y
ambientes periglaciares sobre los que no puede desarrollarse actividad minera e
hidrocarburífera.
Esto corresponde apenas al 0,21 por ciento del territorio continental argentino, es decir,
los desarrollos privados tienen el 99 restante para la explotación. Pero pareciera no ser
suficiente:
Lo que quiere cambiar el gobierno es reemplazar esa mirada científica para que cada
provincia pueda, mediante simple resolución de funcionarios de no se sabe el nivel de
capacidad con el que cuentan decidir qué tal glaciar o tal ambiente perigracial no tenga
protección. Por lo que sucedió en las audiencias publica, creo que ese es el eje.
No era necesario reformar la Ley de Glaciares en el Congreso. Bastaba con que el
presidente Javier Milei hiciera uso de sus facultades constitucionales. Un decreto que
reglamentara el artículo de la ley hubiera sido suficiente como: Se considerará reserva
estratégica a todo glaciar y/o ambiente periglacial que contribuya a la recarga de
cuencas hidrográficas de manera significativa. Se entiende por contribución
significativa al aporte hidrográfico que represente al menos 1% del total del aporte
hídrico a una cuenca determinada. El total se determinará por la suma anual, en porcentaje, de los distintos aportes a la recarga: precipitaciones de agua y nieve,
derretimiento de glaciares descubiertos y de aquellos de roca o escombros en el
permafrost.
Como Técnico Superior en Gestión Ambiental no apoyo la ¨minería tradicional¨… Nunca
la tradicional, soy un convencido de que se debe avanza en un futuro guiado por la
tecnología basadas en el medio ambiente, invertir en cobre y en litio trasciende los
retornos financieros, alineándose con la sostenibilidad y la salud de la naturaleza.
Estos metales son importantes en el desarrollo de tecnologías limpias que protegen al
planeta, asegurando beneficios mutuos para la humanidad y para el medio ambiente.
A medida que estos minerales impulsan tecnologías limpias como vehículos eléctricos y
almacenamiento de energía, la inversión apoya un planeta más limpio. Permite un futuro
donde la innovación y la sustentabilidad prosperan juntos.
La minería debe enfrentar cambios profundos, desde el aumento de los costos eléctricos
hasta la presión por reducir las emisiones y mejorar la sostenibilidad, respetar las
normativas y leyes para evitar el daño a glaciares evitando la contaminación de los
cuerpos de agua que afecte a la población aborigen y local.
Considero que una de las principales barreras es la escasez de periodistas
especializados en temas ambientales. En la mayoría de las redacciones, el tema es
abordado esporádicamente por reporteros generalistas, quienes carecen de la
formación adecuada para interpretar informes técnicos o evaluar políticas
públicas. Esto limita la capacidad de transmitir información precisa.
El futuro dependerá de la capacidad de integrar la agenda ambiental en la vida
cotidiana de las redacciones, los responsables de la toma de decisiones y la
sociedad civil. A pesar de los desafíos, invertir en periodismo especializado y
valorar el conocimiento local puede contribuir a construir narrativas más cercanas
a la realidad y, sobre todo, más eficaces.